¿Tantas normas se redactan en España que un juicio puede empezar con una ley y terminar con otra? Así es. Nos lo reconoce Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y autora del libro 'Así funciona la justicia'. La magistrada expresa el hartazgo de la judicatura por el fenómeno que supone el constante cambio y promulgación de nuevas normas. También lo padecen el resto de funcionarios de los juzgados, como la tramitadora judicial Ruth Sotoca que nos recuerda como tenía que llevar paralelamente procedimientos de desahucio con trámites diferentes porque había cambiado la ley varias veces en apenas tres años.

Según los cálculos del estudio del Banco de España '¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial?', elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls, desde 1979 hasta 2021 se han promulgado alrededor de 400.000 nuevas normas en España. La cifra engloba a las nacionales municipales y autonómicas. El estudio abarca hasta 2020 con más de 386.000 normas pero a un ritmo de 12.000 por año, en los que llevamos de 2121 ya nos hemos acercado a las 400.000. A partir del 2004 la producción de leyes se dispara. El 70% son elaboradas por las comunidades autónomas. La que más produce Cataluña con el 12% de la producción nacional, seguida de Andalucía con un 8%.

Como señala José Antonio Trevijano, letrado mayor del Consejo de Estado: “En España, técnicamente se legisla mucho y mal. Hay veces que no se saben qué normas aplicar”.

Un ejemplo, hace casi una semana el Congreso aprobó la ley de cambio climático. Un problema en el que más que ningún otro cuanto más global y coordinada sea la respuesta será mejor. Pero, el caso es que aparte de la ley nacional tres autonomías ya crearon su propia ley de cambio climático: Baleares, Cataluña y Andalucía. Es más, como ninguna quiere quedar la última siete autonomías quieren crearla también.

A esto se une el abuso del Decreto-Ley. Éste debe usarse para regular casos urgentes, como ayudas en inundaciones o por ejemplo temas relacionados específicamente con la gestión de una pandemia que vivimos. Los dicta el gobierno y ya entran en vigor. Después el Congreso lo aprueba o no, pero no lo puede modificar. Esa rapidez hace que el gobierno ahorre tiempo y que el debate público desaparezca. Con asegurar las alianzas políticas suficientes la norma se aprueba. La última es la regulación de los repartidores de comida. ¿De verdad la regulación de esta materia era de urgente necesidad? Además, esa rapidez en legislar influye en otras materias en las que no se pensaba. Como señala Natalia Velilla: “Son parcheos en los que a través de una norma están provocando modificaciones en otras materias relacionadas. Hay una gran descoordinación”.

Pero, si por un lado nos pasamos dando a la manivela normativa, por otro no llegamos. Por ejemplo, el derecho de huelga sigue sin ley orgánica como manda la Constitución. Hay más de 200 normas preconstitucionales vigentes. La ley de energía nuclear es de 1964, o la de secretos oficiales de 1968. Un muro infranqueable para los historiados. Muro que da cobertura legal a la opacidad del gobierno en determinadas materias.