La desidia provocó que el expolio de Odyssey sobre el pecio de la 'Mercedes' quedase impune

Seguro que se acordarán de la recuperación del tesoro de la fragata Nuestra Mercedes que expolió los cazatesoros de Odyssey en 2007. Se recuperaron las monedas pero no se castigó a los culpables. Fue el expolio subacuático más importante de Europa y seguramente el segundo del mundo tras el de nuestra señora de Atocha en 1985.

Hace más de un año, en Cuatro y a través de esta web, ya advertimos de que la investigación penal para castigar a los culpables por el caso Odyssey corría el riesgo de archivarse por prescripción de los delitos. Pueden ver el reportaje aquí.

Ahora, lamentablemente, ya hemos conocido el archivo definitivo de la causa por prescripción de los delitos: expolio y contrabando de patrimonio. La razón principal, como asegura el exministro de Cultura entre 2007 y 2009, que inició la lucha contra los cazapiratas, César Antonio Molina: desidia, desinterés, desconocimiento por parte de sus sucesores que tenían que haber proseguido la causa penal.

En 1804 los ingleses hunden en tiempo de paz la fragata Nuestra Señora de las Mercedes cerca de Portugal muriendo unos 250 españoles. Un barco de Estado aunque esté hundido es un trozo de país como bien nos confirma el director del museo nacional subacuático Iván Negueruela. Sin embargo, los cazatesoros de Odyssey lo expoliaron y a través de Gibraltar se llevaron sus tesoros a Estados Unidos.

A partir de aquí se abrieron las dos vías judiciales. En EEUU, la vía civil para recuperar los restos, mientras en España la vía penal para castigarlos. Las dos se inician en 2007. Dos años después, un juez estadounidense dicta que el tesoro hay que devolverlo a España; sin embargo, en el juzgado de La Línea en Cádiz que llevaba el caso penal no se ha pasado de las diligencias previas. Ha prescrito y el asunto archivado. Es como si a un ladrón destroza una catedral para robar lo que considera de valor le pillan con el botín devuelve pero no se le castiga. Por la instrucción pasan hasta 6 jueces. La Fiscalía y Abogacía del Estado, según la acusación popular, dejan morir el caso. Sólo es esta, representada por el abogado José María Lancho, la que pide diligencias tan básicas como el informe de daños o interrogatorios a los buzos que manejaron el robot que destrozó el pecio, el consignatorio, etc. que sin embargo no obtuvo. Se quejó dos veces al Consejo General del Poder Judicial pero no le hicieron caso. Tampoco a nosotros nos lo hizo la Fiscalía y Abogacía del Estado para saber su versión de porqué se abandonó el asunto. Hasta el juez de apelación de la Audiencia Provincial de Cádiz en su resolución comparte el enfado y desconcierto de este abogado que al menos demostró que a los cazapiratas se les puede perseguir penalmente.

De hecho, como reconoce el ministro de Cultura César Antonio Molina de 2007-2009 “no se entiende que el Estado abandone el asunto aquí en España habiendo ganado el caso nada menos que en Estados Unidos”. Y eso que ya llevaban tiempo expoliando: “Cuando me hice cargo del ministerio estos expoliadores habían estado cerca de nuestras costas a veces con permisos, lo cual es bastante inquietante, sin que nadie dijera nada”. Para más inri, hasta hace unas semanas, cerca de la mitad de las 600.000 monedas que se recuperaron en 2012 no habían sido restauradas porque no había presupuesto para hacerlo. Sin embargo, hace una semana nos han confirmado que por fin se ha aprobado una partida para hacerlo. A veces, nuestra historia nos viene grande, también para conservarla.