Al principio de la pandemia, en la primavera de 2020, la Unión Europea y la EHMA (European Health Management Association) facilitaron un listado con los números de teléfono de cada país para solicitar información sobre el covid-19. Cada nación tenía un número, salvo España en donde mandaba a un enlace web en la que aparecían 19 números de información (17 autonomías y 2 ciudades autónomas). Eso da pistas de cómo se planteaba la lucha contra el virus. Aprovechando un caso real (contacto estrecho con un afectado) recogemos la información que nos facilitan desde estos puntos de información. Así que nos encontramos desde los que tardan hasta 18 minutos en responder al teléfono hasta los que lo hacían a los pocos segundos. A partir de ahí las respuestas variaban aunque no de forma contradictoria lo cual era tranquilizador. Es decir, podían indicar una variación en la cuarentena de un par de días, que tomasen nota para solicitar la vacunación o que se lo buscase por su cuenta, etc.

El caso es que según la comunidad en unas se exige el pasaporte covid-19 y en otras no, en unas se validan los contagios de autotest y en otras no, etc. sin que haya una relación directa con la incidencia de cada una. A falta de una ley nacional de pandemias para toda España cada comunidad restringe los derechos fundamentales como les dicen los tribunales superiores de justicia, cuyos criterios no siempre son los mismos.

De hecho, hay discrepancia no sólo en la contabilización de los contagiados (este viernes ya ha dicho Cataluña que dejará contarlos en abril) sino también de los fallecidos. Los expertos en datos señalan disparidad de indicadores dando la imagen de que cada comunidad ha ido cada una por su lado. De hecho, a estas alturas, ni si quiera en sectores como la educación entienden las diferencias entre autonomías de algunas medidas.

El caos en la recogida de datos ha sido denunciado reiteradamente sin que se haga nada al respecto. Uno de los proyectos más destacados durante la pandemia ha sido el que ha llevado a cabo un grupo de expertos en datos denominado “escovid19data”. El proyecto lo encabezó Pablo Rey, analista de datos, ante la falta de información estadística coherente y transparente sobre el covid-19 de las respectivas consejerías y del ministerio. A él se unieron otros, como David Rodríguez, doctor en documentación y profesor en periodismo de datos en la Universidad Carlos III de Madrid. La conclusión a la que ha llegado este grupo de investigadores es que los mismos datos no siempre significan lo mismo dependiendo de cada comunidad. Para empezar se dan en formatos no abiertos es decir difíciles de recoger y compilar junto a otros. A esto se suma los retrasos en la notificación. Entre otros muchos ejemplos denuncian que el País Vasco, por ejemplo, pese a que en su web señala las ubicaciones de los contagios no da datos en abierto de fallecidos por provincia desde 2020. Extremadura ofrece datos completos un día a la semana. Eso por no hablar de que los fines de semana y festivos los datos desaparecen. Hay dos vías de información de las comunidades, por un lado lo que envían al ministerio de Sanidad y por otro lo que facilitan a la ciudadanía y no siempre coinciden. Lo que denuncia este colectivo de expertos en datos ya se dijo por otros expertos en una carta abierta en la revista científica de Lancet en octubre de 2020 en la que varios científicos españoles denunciaban el caos en la recogida de datos. Otro síntoma más de la falta de transparencia que ha existido durante la pandemia en nuestro país.

La divergencia de criterios llega incluso al cuántos rastreadores. Si en una autonomía es uno es un trabajador exclusivo, en otra se incluyen a miembros de ambulatorio. De hecho, Sanidad calculó había autonomías capaces de rastrear al 75 y otra no llegan al 30. Desde la secretaria de estado de inteligencia artificial se lanzó su app radar covid muy eficaz para rastrear contagios pero que algunas autonomías no la quisieron usar.