Hace 10 años se aprobó en España la primera ley de ámbito nacional de transparencia. En el reportaje que se ve clicando en la imagen entrevistamos a varios personajes que intervinieron en esa ley. Sin embargo, pasado el tiempo aunque algo hemos avanzado parece que no lo suficiente.

Basta recordar la clasificación de transparencia internacional que nos ponía a nivel de Cabo Verde o el tirón de orejas de la Comisión Europea con España ha sido por la opacidad en el destino de los fondos de recuperación.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) celebró una jornada de especialistas por del décimo aniversario de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Pese a que se echó en falta profesionales de archivística y documentación, pudimos entrevistar a cualquiera de sus participantes menos a Ángel San Gregorio, director general de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Comunidad de Madrid, que nos señaló que necesitaba aprobación del gabinete de comunicación dependiente del gobierno de Madrid.

De hecho, la Comunidad de Madrid prepara una norma para debilitar el órgano de transparencia. Si antes era a la asamblea madrileña quien le elegía ahora será, paradójicamente, el gobierno regional que es a quien debe fiscalizar y además le quitará la capacidad de sancionar.

Por su parte, José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del CTBG señaló que los ciudadanos tienen derecho a saber lo que guarda la administración sin tener alegar un legítimo derecho, salvo los datos que por seguridad o privacidad no deban conocerse. 

Ahora bien, la norma general debe se la de facilitar la información. Porque lo habitual es que la Administración se niegue a facilitar la información alegando “por la ley de protección de datos” cuando realmente no es aplicable.

Como en el caso del expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no quiere hacerlo público y que ha recurrido a la justicia para impedir que se conozca.