El acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda consolidará el tope al precio del alquiler en todo el territorio español, independientemente de que sea o no área tensionada, permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en esas zonas tensionadas.

Según consta en el acuerdo, presentado en el Congreso por los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente, se mantendrá el límite del 2% para este año en la subida del alquiler, un tope que se incrementará al 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable en todo el territorio.

En concreto, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos en todo el territorio español, al considerar estos grupos que la inflación "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes".

El nuevo indicador, de cuya elaboración se encargará el Instituto Nacional de Estadística (INE), pretende ser más estable e inferior a la evolución del IPC y será aplicable también en aquellos contratos firmados con anterioridad a la ley que estuvieran sujetos al IPC. Para compensar en parte estas limitaciones, también se incluirán en la ley incentivos fiscales a pequeños propietarios, algo que para la portavoz de ERC "no ha sido un plato de buen gusto".

Otro aspecto clave del acuerdo es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Para Bildu y ERC esto supone terminar con gastos y honorarios "abusivos" que impiden a muchas personas y especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone.

En concreto, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente.