En la democracia estadounidense el escándalo ha sido encontrar papeles oficiales en la casa de Trump, ahora en la de Biden, años atrás fue que cuando Hillary Clinton envió correos electrónicos oficiales desde una cuenta personal. Eso nos da una idea de hasta qué punto es la exhaustividad del control que existe en USA sobre el tema y porque es tan frecuente que salten escándalos sobre el tema.

En la nuestra no sucede eso, porque hay un descontrol sobre qué es lo que sucede con los papeles de los expresidentes y exministros. Eso es lo que denuncia desde hace años la asociación de archiveros públicos www.archiverosaefp.org. En sentido Sergio Gálvez doctor en Historia, Investigador del Instituto Ibero-Americano de la Haya y Archivero del Estado realizó un estudio sobre el tema en el que señala: "La poca documentación que han dejado los expresidentes al abandonar el gobierno y que del resto no hay registro de lo que ha sucedido con ella. Porque lo que ha pasado es que se la han llevado a su casa".

Ningún expresidente ha contestado a nuestras peticiones para hablar sobre el tema. De hecho con algunos de ellos, a través de sus representantes o secretarias, contactamos hace un año y la respuesta siempre fue dando largas. Tampoco en el caso de familiares de presidentes fallecidos como Adolfo Suárez. En este caso desde la misma fundación del expresidente en Ávila nos confirman que el archivo lo tiene la familia.

El único expresidente que habla es Felipe González,  pero a través de la presidenta de su fundación, Rocío Martínez-Sampere. De momento, es el único de todos los expresidentes que ha abierto sus archivos a través de internet y que se pueden visitar en su web: www.fundacionfelipegonzalez.org .

Mientras desde la Fundación señalan que es un ejercicio de transparencia y que contiene archivos personales, desde las asociaciones de archiveros públicos consideran que todos esos papeles deberían estar depositados en un espacio público y que un presidente ejerce las 24 horas.

También se dan casos en exministros de Defensa como José Bono, que tampoco ha querido hablar con nosotros. A él le criticaron por el uso de papeles oficiales para sus memorias. De hecho, hace apenas unos días el Consejo de Transparencia reclamó un informe a Defensa un informe contra un general. El ministerio contestó que no le constaba ese informe.

Sin embargo, Transparencia alegó que ese informe sí que lo tenía Bono en su archivo personal y que publicó en sus memorias.

Por su parte, historiadores como Carlos Sanz Díaz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y en la Escuela Diplomática de Madrid, considera que el apropiarse de los papeles de un político cuando cesa es algo habitual y que ha sucedido en ambos partidos del gobierno y que va en contra de la Ley de Patrimonio.

De hecho en su artículo 49. 2 la norma específica "2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicio”. 

Después en su artículo 54, la misma ley señala "1. Quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda".

Entonces, si la ley es tan clara en este sentido ¿Por qué no se actúa? A juicio de Carlos Sanz "falta voluntad de hacerlo. Tendría que ser la fiscalía la que de oficio lo hiciera". Hace tres años hubo un proyecto del gobierno para unir y conservar los archivos de expresidentes pero el desinterés la hizo caer en el olvido.