Médicos de la Fiscalía peruana realizan una prueba toxicológica al expresidente Pedro Castillo

Un equipo médico legal de la Fiscalía se ha trasladado a la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de Perú, donde el expresidente Pedro Castillo permanece detenido, para realizarle un examen toxicológico. La prueba forma parte de la investigación preliminar contra Castillo, quien está acusado de un delito de rebelión por un intento de golpe de Estado contra el Congreso. Castillo se encuentra en la misma cárcel donde cumple condena el exmandatario Alberto Fujimori.

Horas antes, el congresista Guido Bellido, que fue el primer jefe de gabinete del Gobierno de Castillo, había asegurado que este "no se encontraba en sus facultades" en ese momento y planteado que podría haber sido un movimiento "inducido", por lo que había demandado una prueba toxicológica. En medio del alboroto social en las calles, Bellido recalcó una y otra vez que "el presidente no recuerda".

En Lima, la capital del país andino, las protestas se han concentrado alrededor del Congreso. Los seguidores de Castillo exigen que sea disuelto tal y como él anuncio el pasado miércoles y que a la postre significó su muerte política.

La Policía ha tenido que emplear gases lacrimógenos para disolver las protestas, que posteriormente pasaron a concentrarse en calles aledañas al Congreso. Los seguidores de Castillo culpan a la nueva presidenta, Dina Boluarte, de estar detrás de la represión policial. Desde el miércoles han aumentado las movilizaciones, en las que se reclama también nuevas elecciones generales. Además, consideran un secuestro la detención del exmandatario.

Por el contrario, sus detractores bloquearon hace dos días los accesos a la Embajada de México, donde Castillo ha pedido asilo. Llegó al poder hace año y medio como un maestro rural, con la promesa de cambiar el sistema.

Sin embargo, ha acabado como todos sus antecesores desde hace tres décadas, investigado. A las penas que puede acumular por casos de corrupción se suma una acusación por rebelión, que podía costarle entre 10 y 20 años de prisión.