La polémica por el reparto político de los miembros del CGPJ le parecerá un asunto estrictamente político. Pero el poder judicial es mucho más. Aunque crea que no pisará un juzgado en su vida, el funcionamiento de la justicia de una forma u otra le afecta. Por ejemplo, a su bolsillo.

En el video podemos escuchar a Juan S. Mora Sanguinetti que en su libro 'La factura de la injusticia' (Ed. Tecnos) expone, entre otros muchos datos, las viviendas que los propietarios de Barcelona o Madrid pondrían de nuevo en el mercado de alquiler si se rebajase el atasco de sus juzgados. 

También puede tener problemas laborales. Daniel Sánchez Bernal, denunció la tardanza para celebrar un juicio por despido de su cliente: tres años y medio. Consiguió un éxito profesional al recurrir al Tribunal Constitucional y conseguir que le diese la razón: las dilaciones excesivas en casos sencillos vulneran la tutela judicial efectiva.

Pese a este triunfo parece que poco van a cambiar las cosas. En parte, por la sobrecarga a la que los propios ciudadanos someten a los tribunales. Pleitos por 8 euros como nos cuenta la tramitadora procesal Ana Isabel Martin. “Falta de una cultura de mediación” señala la magistrada Beatriz Martínez.

A esto se suma una organización judicial esquizofrénica donde se dan tres administraciones: comunidades autónomas, ministerio y CGPJ. Así se dan situaciones tan surrealistas como las que nos describe Javier Pérez, juez decano de los juzgados de Huelva, “los sistemas de videoconferencia no sólo son incompatibles entre comunidades, incluso lo es con la prisión que tengo al lado, la de Huelva”, señala. 

Es un suma y sigue de una situación que se arrastra desde décadas sin que ni si siquiera se haya llegado a un mínimo: que al menos el funcionamiento de la administración de justicia sea tema de debate político y no únicamente como repartirse los sillones del tercer poder del Estado.