El impacto tras la guerra comenzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero ha llegado a la mesa de las familias. Los precios de los alimentos siguen disparados por el encarecimiento de la energía, con Vladimir Putin cerrando el grifo a su antojo. Ello ha provocado quejas desde el campo, tanto del sector agrícola como ganadero, hasta los supermercados.

"La luz y la gasolina están más caras. Productores intermediarios están aprovechando también la situación para subirnos cada semana los precios. Y es muy difícil", explica un comerciante.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comenzó la semana abogando por intervenir los precios. "Que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia y fijemos una serie de productos, entre 20 ó 30, que le garanticemos a la ciudadanía".

Tres días después, Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunían con una gran compañía de distribución que justo este lunes saca a la venta una cesta con 30 productos por 30 euros, aunque en la promoción piloto no hay productos tan básicos como huevos o leche. Y los que hay, tienen precios que los pequeños comerciantes no pueden igualar.

Díaz volverá a sentarse esta semana en la mesa para reunirse con las grandes distribuidoras de alimentos y las asociaciones de consumidores. Las primeras no quieren pronunciarse hasta que no escuchen su propuesta y los consumidores van dispuestos al acuerdo.

En medio de esta negociación improvisada por Yolanda Díaz, que no tiene competencias en alimentación, el ministro de Agricultura, Luis Planas, le echa el alto. "Cualquier decisión, evidentemente, que tenga un significado político de articulación de la cadena alimentaria pasará siempre por las manos del ministro que les habla y del Consejo de Ministros. Y no tengo previsto llevar a cabo ninguna medida para intervenir en una cadena que funciona de forma adecuada", ha subrayado Planas.

Tanto la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la de Hacienda, María Jesús Montero, median dejando claro que no se aprobará nada sin consenso entre las partes. "Creo que los mercados tienen que funcionar con esta competencia entre los distintos operadores", manifiesta Calviño.

Sin embargo, el ala morada del Gobierno ha tensado la cuerda. La ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, dice que "si es necesario topar los precios, e incluso en medidas obligatorias para las grandes empresas, que están obteniendo además beneficios extraordinarios debido a la inflación, que lo podamos hacer".