El buen funcionamiento de la justica es un pilar fundamental de una democracia; sin embargo, está completamente ausente del debate político. Se habla y promete mucho de crear escuelas, hospitales… pero ¿ha escuchado alguna vez que se hayan prometido más juzgados? “Nunca”, quien responde es Marian Vázquez abogada sevillana que sabe muy bien lo que significan los retrasos judiciales: “A mí se me han muerto clientes esperando sentencia de un juicio contencioso administrativo que han tardado 9 años aquí en Sevilla”. De hecho, esta ciudad tiene los juzgados más saturados de toda España. Andalucía es la comunidad detrás de Canarias donde más se litiga por habitante. Durante 2021 han resuelto 1,2 millones de pleitos, un 20% más que el año anterior, pero más de 600 0000 se quedaron pendientes. Sin embargo, pese a que en Andalucía está en campaña electoral no se habla del problema de la lentitud judicial. Incluso cuando afecta a asuntos que sí que están en el debate político como la violencia machista. Además de los casos que relata Marian Vázquez, su compañero Pablo Gea, abogado también de Sevilla, se queja de la lentitud para que un sentenciado por sentencia de ingreso en prisión contra un maltratador desde febrero aún no han conseguido que entre en la cárcel.

Pese al desinterés político por el tema, el caso es que la cruzada en solitario del abogado sevillano Daniel Sánchez ha conseguido que el Tribunal Constitucional aborde el asunto de la lentitud judicial. Su logro está en que el máximo intérprete de la Constitución apenas admite a trámite un 3% los recursos que se le plantean. Su sentencia marcará doctrina. Es decir, lo que se debe decidir en casos de dilación de un proceso. Una de ellas podría ser que no se ha tenido un juicio justo por la lentitud en realizarlo.

El caso es que el retraso judicial está extendido por toda España, los señalamientos de juicios de lo social son con dos años vista, etc. El problema es que España, pese estar dentro de la media en gasto en justicia, no distribuye los fondos de forma efectiva. De hecho, estamos por debajo de la media europea en número de jueces y en fiscales. Según el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia de 2020. España tiene 11,5 jueces por cada cien mil habitantes frente a los 17,7 de media europea y de los fiscales, hay 5,2 frente a la media de 11,25. Además, España es uno de los países donde más se litiga y no se usa recursos alternativos como el arbitraje. Los trabajos en los juzgados españoles se han doblado o triplicado; sin embargo, los medios siguen siendo los mismos. Como señala la magistrada en los juzgados de Móstoles (Madrid) Beatriz Martínez: “A nosotros también nos indigna poner señalamientos a dos años, pero es que no podemos dar más de sí. Estamos un 250% por encima del trabajo que nos marca el Consejo General del Poder Judicial. El problema es que no tenemos medios. Por ejemplo, aquí en Móstoles se ha solicitado la creación de 10 juzgados, pero sólo se consiguió la creación de uno”. De hecho, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial considera que habría que crear 176 unidades judiciales en toda España durante este año 2022. Un juzgado es mucho más que la celebración de vistas y dictar sentencias. Tiene mucho trabajo detrás de tramitación que no se percibe. Basta darse una vuelta por algunos juzgados para darnos cuentas de que algunos funcionarios están rodeados por expedientes.  En resumen, abogados, funcionarios, letrados de la administración de justicia y jueces están indignados por la falta de medios y la lentitud de la justicia.