En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha destacado el "amplio contenido social" y la "fuerza" del texto, que constituye la "otra cara de la moneda de la ley de tasas" al establecer una "vinculación" entre los ingresos generados por este gravamen con la financiación de la Justicia Gratuita.
Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados que sufran maltrato o abuso o quienes hayan sufrido secuelas de carácter permanente en un accidente.
El proyecto amplía el umbral para acogerse a este derecho a 2,5 veces del IPREM y podrá extenderse a las familias que cobren cinco veces el IPREM (31.950,65) cuando se den determinadas circunstancias familiares o de salud. Además, introduce controles para que no haya abusos en el ejercicio de una prestación que "pagamos todos los españoles".
De esta forma, se establece una "presunción de abuso" cuando la persona solicite "tres veces al año" este derecho en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo pero acreditando esa necesidad.