Mientras se celebra el pleno, los taxistas mantienen una concentración en los aledaños del Congreso. La nueva norma, aprobada por el Gobierno a finales de septiembre, no ha satisfecho a ninguna de las dos partes. Los VTC, a través de su patronal Unauto, ha reclamado que no se convalide. El taxi ha pedido su ratificación.

El conflicto tiene su origen en la expansión que ha experimentado en los últimos años el número de licencias de VTC, que sobrepasa ampliamente la proporción de una por cada treinta taxis que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) establece desde 2015 para concederlas.

No obstante, el vacío legal que se registró unos años antes de dicho ejercicio está propiciando que se sigan dando autorizaciones por vía judicial. Al cierre de septiembre, existían 12.142 VTC, uno por cada cinco taxis. La mitad de ellos circula por Madrid, con 6.076 coches, uno por cada algo más de dos taxis.

El Real Decreto Ley, mediante una reforma a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), permitirá que dentro de cuatro años los ayuntamientos puedan limitar, e incluso suprimir vehículos de VTC.

En ese plazo, todas las actuales licencias de VTC perderán la habilitación para prestar servicio urbano, su principal negocio, y sólo podrán realizar trayectos entre ciudades, una actividad que apenas prestan actualmente. Cada ayuntamiento decidir si otorga licencias urbanas de VTC y en qué cuantía. En ese caso, las empresas deberán solicitar esas autorizaciones para operar dentro de las ciudades.

La nueva norma también permitirá a comunidades autónomas y consistorios, en este caso desde el momento en que se aprobó, a entrar a regular la prestación de los servicios de las empresas como Uber y Cabify, al igual que ya hacen con el taxi. Es decir, podrán determinar sus recorridos máximos y mínimos, los horarios, las condiciones de precontratación de los trayectos e incluso las características de sus vehículos.