La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los diputados se ha convertido hoy en un debate improvisado sobre la prisión permanente revisable. En especial, después de que Pablo Casado utilizara su primera intervención para recordarla y pedir al resto de partidos que no la deroguen.
“Hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Sinceramente es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados", ha afirmado el presidente del Partido Popular.
Unas palabras que no han sentado muy bien al resto de los grupos parlamentarios. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aprovechado su turno de palabra para afirmar que la prisión permanente revisable “está en vigor y no ha evitado este cruel asesinato”.
Mucho más dura ha sido la portavoz adjutna de Unidos Podemos, Ione Belarra, quien ha pedido que dejen de usar a las mujeres como defensa: “Es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas cada vez que hay un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Basta ya. Déjenos en paz a las mujeres porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado”.
Cogiendo el testigo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha aprovechado para manifestarse al respecto: “Gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha no ha hecho nunca nada salvo recurrir las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hemos protegido”.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad ha sido también la encargada de anunciar que el Ejecutivo está “reflexionando” sobre una reforma del artículo 106 del Código Penal para mejorar la vigilancia de expresos condenados por delitos peligrosos que atentan, especialmente, a la libertad sexual de las mujeres y los menores.
Tras el asesinato de Laura Luelmo, el Gobierno se plantea “cómo hacer para que después del cumplimiento de las penas se puedan tener garantías de seguridad” vigilando a las personas que han cometido “gravísimos delitos” y “siguen siendo peligrosos”. Para ello, pretenden dar una vuelta al artículo 106, el cual regula la libertad vigilada.
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