El fiscal superior, Francisco Bañeres, recoge en un decreto que los Mossos acudieron al corte que autopista AP-7 en L'Ampolla (Tarragona) el 8 de diciembre, y al levantamiento de barreras de peajes el 9 de noviembre, pero que su comportamiento "no se orientó a disuadir a los concentrados" ni a restablecer el orden jurídico.
El Ministerio Público describe en el escrito que el 8 de noviembre hubo una "invasión por parte de un número indeterminado de personas" de la autopista AP-7 en L'Ampolla, que quedó inutilizada entre las 7:00 y las 22:00 horas. Convocados por los CDR, los manifestantes colocaron en la calzada neumáticos, ramas y otros objetos que interrumpieron el paso de vehículos "que usaban la vía y que aspiraban a hacerlo sin sobresaltos".
Al día siguiente, varios grupos acudieron a diferentes puntos de peaje de la autopista en localidades como Martorell, La Roca del Vallès (Barcelona) y Girona, donde levantaron barreras propiciando "que una multitud de conductores que circulaban por dichas vías lo realizasen de manera gratuita", lo que causó perjuicio a la concesionaria.
El Fiscal afirma que en ambos episodios se tiene constancia de que comparecieron dotaciones de Mossos, aunque "el comportamiento de las unidades destacadas no se orientó a disuadir a los concentrados". Tampoco se empleó, de haber sido necesaria, "la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico ante una actuación ilegal", permitiendo la permanencia injustificada de los manifestantes.
Por ello, considera que pudo permitirse "la lesión de derechos de la multitud de usuarios de la autopista y a una multiplicación en el quebranto de la empresa concesionaria". El fiscal reclama en el decreto un informe al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, sobre las actuaciones realizadas esos días porque pueden derivarse responsabilidades si se confirma "ausencia de conminación por parte de las unidades desplegadas, o lenidad en exigir el restablecimiento del orden".