El Ayuntamiento de Barcelona también censura al rey. Lo ha acordado mediante una declaración institucional promovida por la CUP que han firmado el Gobierno de Ada Colau, PDeCAT, ERC y los dos concejales no adscritos --Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé--. Al otro lado, Ciudadanos, PSC y PP han descartado firmarla.

En el texto se reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos, apostando por la abolición de “una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". Más allá, critica la judicialización de la política y la violencia que, sostiene, se ha ejercido contra los derechos fundamentales.

En la misma línea, la declaración también contempla “reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía, condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución y la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes".

Del mismo modo, en ella se señala al rey Felipe VI por, según consideran, emitir un discurso amenazador contra parte de la población que dice representar para acabar con la movilización popular y preservar la unidad de España, ejerciendo “una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios”.

POLÍTICOS PRESOS

No obstante, no es la única declaración institucional acordada por el pleno. Promovida por PDeCAT, también se ha acordado otra para pedir la libertad inmediata de los líderes políticos y sociales en prisión preventiva; exigir terminar con la judicialización y reclamar que se den "todas las garantías jurídicas" a políticos y activistas en el extranjero investigados, incluyendo a miembros de los CDR.

A este respecto, demandan una reforma del sistema judicial español que "garantice su independencia y pleno sometimiento a sus instituciones del Estado de Derecho y a los principios democráticos", pidiendo al Gobierno central diálogo y la celebración de un referéndum para que los catalanes elijan su futuro libremente.

RECHAZO DE CS, PSC Y PP

En este punto, el grupo municipal de Ciudadanos se ha ausentado del pleno en el momento de la lectura de la declaración, calificándola de inaceptable y fuera de la competencia del Ayuntamiento. “No tenemos capacidad para exigir la libertad de nadie que esté en la cárcel, y no condenaremos en ningún caso el jefe de Estado", ha recalcado Carina Mejías, líder de C’s en el consistorio.

Por su parte, desde el PP, Alberto Fernández ha advertido de que no guardarán silencio antes quienes quieran desprestigiar las instituciones y destruir lo que es y representa España, lamentando que la formación de la alcaldesa, Ada Colau --que no estaba en el pleno en ese momento-- haya firmado una declaración que representa un "menosprecio a la Corona y a la unidad de España".

En cuanto al PSC, Carmen Andrés, portavoz socialista, ha explicado que no han firmado las declaraciones porque no las comparten y han justificado no ausentarse por respeto al pleno.

DESPUÉS DEL PARLAMENT

El Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido así en la segunda institución en pedir el fin de la monarquía tras el propio Parlament de Cataluña. Y ello, pese a que el Gobierno ha decidido este viernes llevar su reprobación, efectuada el pasado 11 de octubre, al Tribunal Constitucional; una decisión contraria a lo que había pedido el Consejo de Estado, que considera que la censura al rey es una opinión política, no un acto jurídico, por lo que ni tiene consecuencias ni puede ser anulada en el Constitucional.

No obstante, pese a que la reprobación es declarativa y por tanto carece de fuerza jurídica, el Gobierno entiende que sí tiene una fuerza simbólica.

A través de Twitter, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha manifestado que la monarquía se ha convertido en un obstáculo para los avances democráticos que necesita el siglo XXI: “Somos libres de hacerlo”, ha dicho, refiriéndose a la censura a la Corona.