La autopista AP-1 Burgos-Armiñón (Álava) se convierte este viernes en la primera vía de pago de España que deja de cobrar peaje al terminar su contrato de concesión con una empresa privada y volver a depender directamente del Estado.

Se trata de una de las autopistas más transitadas por unos 20.858 vehículos diarios circulan por ella que ya no tendrán que pagar tasa alguna a partir de la medianoche del viernes al sábado 1 de diciembre.

La medida es fruto del compromiso que adquirió el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de no prorrogar la concesión ni el peaje en aquellas vías de pago que terminaran el contrato de concesión durante su mandato.

Así, en caso de que se agote la Legislatura, este compromiso supondrá también levantar el peaje del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Alicante y Valencia, y de la AP-4 Sevilla Cádiz, en ambos casos en diciembre de 2019, cuando terminan sus concesiones con el grupo Abertis.

Fomento ha alcanzado un acuerdo con la compañía Europistas, a la que la otorgará un contrato por el procedimiento de urgencia, para que siga ocupándose de la conservación de la infraestructura en tanto el Ministerio culmina el proceso para contratar estos trabajos.

En virtud de este acuerdo, la empresa subrogará a 62 trabajadores del total de 111 que estaban empleados en la autopista y para los que Itínere ya ha pactado un ERE de extinción. Se trata de toda la plantilla, salvo la que estaba vinculada al cobro de peajes.

Esta medida llega en medio del debate abierto sobre la eventual necesidad de abonar una tasa por uso de la toda la red de autovías y autopistas del país para garantizar la sostenibilidad futura de la red y costear su conservación.

En el caso de las nueve vías de pago rescatadas y que gestiona Fomento, el ministro defiende que tengan que seguir cobrando porque aún no terminaron su plazo concesional, si bien asegura que lo bajará.

No obstante, respecto al resto de la red, Ábalos ha recordado en distintas ocasiones que "no hay nada gratis" y que el uso de las autovías, al igual que el de otras infraestructuras, "debe compensarse", para evitar que "terminen pagándolas quienes no las usan" o para liberar recursos presupuestarios para otros fines sociales.

Por ello, ha emplazado al Congreso a debatir y consensuar un nuevo modelo de financiación "coherente e igualitario para todo el territorio" para la red de 12.000 kilómetros de autovías y 3.000 kilómetros de autopistas con que cuenta España. Se trata de una de las redes más extensas de Europa, donde una veintena de países tienen ya tarificado el 100% de sus vías de alta capacidad.