No es la primera vez que ocurre. Lo cierto es que a España le cuesta cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o sea, apretarse el cinturón. El Gobierno siempre habla de ello a los ciudadanos, pero los que llevan el timón de la economía no suelen cumplir su receta. La vicepresidenta del Gobierno dejó claro el pasado viernes que no se aprobará la senda de reducción de déficit y de deuda hasta no haber eliminado el veto del Senado a la misma. Sánchez quiere más margen... para gastar.

La senda de estabilidad preparada por el Ejecutivo, que de momento pues queda paralizada, establece un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para 2019, cinco décimas mayor que el anterior objetivo del 1,3% del PIB que había sido fijado por el anterior Gobierno del PP. En concreto, se espera que sea del 0,4% en la Administración central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales. Según los cálculos del Gobierno, este aumento supondrá un aumento de 6.000 millones en el gasto del conjunto de las administraciones, en comparación con el anterior objetivo.

La proposición de ley impulsada por PSOE y Unidos Podemos para quitar al Senado su capacidad de veto a la senda de déficit no será la primera reforma urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se tramite, ya que hace menos de dos años el PP, el PSOE y Ciudadanos ya cambiaron la norma en apenas 20 días para habilitar a un Gobierno en funciones a modificar los objetivos de déficit.

Aquella reforma de 2016, registrada por el Grupo Popular, también fue tramitada por la vía de urgencia y en lectura única, y fue aprobada por el Congreso en apenas 20 días. La modificación, que añadía a la ley orgánica una disposición adicional, fue finalmente aprobada el 25 de octubre en el Pleno del Senado, apenas 25 días después desde su entrada en el Congreso.

Su aprobación respondía a la necesidad del Gobierno de Mariano Rajoy, en aquel entonces en funciones ante la imposibilidad de formar gobierno tras las elecciones generales de junio de 2016, de poder modificar los objetivos de déficit y de deuda. ¿Les suena? Ahora Sánchez necesita a sus aliados para aprobar unos presupuestos que le permitan acabar la legislatura.

Así que dos años después, son PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís son los que registran una modificación de la norma, para la cual también solicitan una tramitación por vía de urgencia y lectura única. En esta ocasión, la reforma busca acabar con la posición decisiva de la que goza el Senado en la aprobación de la senda de estabilidad.

Un cambio introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que entonces contaba con mayoría absoluta en Congreso y Senado, y que estableció que, para entrar en vigor, los objetivos de déficit y de deuda debían contar con el respaldo en ambas cámaras.

¿Afectará esta decisión al bolsillo de los ciudadanos?

“El impacto llegará como siempre llega en España: se creará menos puestos de trabajo”, afirma el economista José Ramón Pin sobre las consecuencias que puede tener esta modificación en la sociedad. Aunque, según él, los ciudadanos no notarán los efectos en su bolsillo hasta el segundo trimestre del año 2019, cuando estos lleguen, serán negativos para las personas que estén buscando empleo. “Mucha gente tendrá más poder adquisitivo, pero habrá otra gente que se quedará en desempleo”, asegura Pin. En concreto, las personas que "tengan un puesto de trabajo fijo, como los funcionarios, se verán favorecidos". En el otro extremo, se encuentra la población con trabajos precarios o en busca de empleo. Estos, si no hay un rigor presupuestario, tendrán dificultades para mantenerlo o encontrarlo.

“Desaceleración del crecimiento”

En palabras de Pin, el principal error del Gobierno es creer que estamos en una etapa de crecimiento económico. “Las economías van a realentizarse por diferentes motivos”, asegura. En concreto, se refiere a la bajada del turismo, la desaceleración de las exportaciones, la guerra comercial exterior y la posibilidad de que los inversores internacionales desconfíen de España. El Gobierno “está equivocado porque no se ha dado cuenta de que el ciclo económico ha cambiado. El crecimiento que estábamos viviendo ya no existe”, apunta.

La posibilidad de continuar con los presupuestos del PP tampoco es buena, según Pin, porque “están hechos para un año de previsión del crecimiento” y, recuerda, esto ya no se cumple. Por lo tanto, señala que la única solución que tiene el Ejecutivo es convocar elecciones lo antes posible. “El error es que el Gobierno piensa que si retrasa las elecciones le van a favorecer. Todo lo contrario, las debería adelantar, ya que la población va a comenzar a ver los efectos negativos a partir del año 2019”, concluye.

No es tan drástico el economista José Carlos Díez, que considera que la realidad es que los Gobiernos se han saltado siempre la Ley de Estabilidad, y los que sobrepasan unos límites siempre se encuentran con Bruselas: palabras mayores.

Díez recuerda el caso de Tsipras, que al final "ha prestado dinero a la banca, ha hecho un drástico ajuste y se ha hecho socialdemócrata". Otro problema es Italia, que sin las ayudas del BCE lo va a tener complicado, y es este país el que puede provocar un problema mayor.

En el caso de España, el experto considera que casi nunca cumple estos criterios, lo que sí extraña es el desprecio al Senado. "Si no lo ven útil, que se cierre, sería un ahorro", señala. Pero Díez no cree que finalmente la sangre económica llegue al río teniendo a Europa mirando al Sur. Italia ya está en el punto de mira. No sería bueno que España siguiera sus pasos. No obstante los vientos de cola se pagan. Los nubarrones pueden volver en 2019. Y la ley de Estabilidad Presupuestaria sigue siendo una maldición para los Gobiernos.