Hace pocos días conocimos una importantísima noticia en materia de impuestos que nos llega desde el G7: los ministros de Economía y Finanzas de este pequeño grupo, que engloba a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, alcanzaron un "histórico" acuerdo para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones, si bien aquellas que tengan un margen de beneficio superior al 10 por ciento pagarán, como mínimo, un 20 por ciento en concepto de este tributo.

El objetivo de este acuerdo es precisamente alcanzar una tributación internacional única para las empresas que obtengan beneficios de más de 750 millones de euros durante dos años seguidos, de forma que se evite la acumulación de sedes sociales de estas empresas en determinados países con una fiscalidad más 'amable'. Se trata, tal y como han afirmado desde el propio G7, de una fiscalidad adaptada a la era digital, en la que, sobre todo las grandes multinacionales, operan de forma global.

Se terminaría así con el sistema de tributación clásica, según el cual cada sociedad tributa en el país en el que se encuentre su sede principal. Esto provoca que muchas de ellas decidan 'mudar' su sede a países con sistemas fiscales más favorables (la llamada "carrera a la baja" en las políticas de impuetos), que no necesariamente tienen porque constituir paraísos fiscales, pero que en todo caso provocan un perjuicio competitivo para el resto de economías.

Empresas globales como Amazon, Google o Facebook serán las más afectadas, ya que ahora legalmente pueden tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que generan en otros países. Y es que parte de este acuerdo consiste en que las empresas paguen sus impuestos en los países en los que venden sus productos y servicios, y no en los que declaren sus beneficios.

La previsión es que, especialmente las grandes multinacionales, se vean obligadas a pagar muchos más impuestos que hasta ahora, lo que sin duda beneficiará a las economías de los países en los que operen, ya que éstos podrán recaudar la parte que les corresponda en función del nivel de negocio que exista dentro de sus fronteras. Esta medida afectará también en gran medida a la banca.

En definitiva, en palabras del ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, el objetivo es, sobre todo, "garantizar que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados".

Resulta complicado contabilizar de manera fiel cuánto recaudaría España gracias a la implantación de un impuesto mínimo de sociedades a nivel internacional, pero lo que sí parece claro es que se produciría un aumento importante de la recaudación. Y es que existen múltiples empresas multinacionales con un elevado nivel de negocio y ventas dentro de nuestro país.

En ese sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado por el G7 para reformar el sistema fiscal global y que "permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales". Según apuntó recientemente, "avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global", con "una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social".

De momento, aunque se trata de cifras aproximadas, según el Observatorio Fiscal Europeo, la medida permitirá recaudar más de 120.000 millones de euros en todo el mundo, de los que 40.700 se quedarían en las arcas estadounidenses y 48.700 en las europeas. De ellos, a España le corresponderían unos 700 millones.

Por otro lado, y como muestra de hasta qué punto cambiará las reglas del juego esta nueva política fiscal para las grandes multinacionales, el estudio Collecting the tax deficit of multinacional companies: simultions for European Union, elaborado por Eutax Observatory, asegura que, en un escenario en el que el Impuesto sobre Sociedades de los beneficios de las multinacionales fuera de un 25 por ciento, los recursos de las poblaciones en la Unión Europea aumentarían en unos 167.000 millones en 2021. Es decir, se produciría un incremento igual a la mitad de lo que se recauda actualmente entre todos los países de la Unión Europea en concepto de Impuesto sobre Sociedades.

Esta suma cubriría el 12 por ciento del gasto general en sanidad del conjunto de la Unión, y representaría un aumento de los ingresos fiscales de alrededor de un 1,2 por ciento del PIB de la UE. En el caso de un tipo del 15 por ciento, la UE obtendría recursos extra por valor de 48.000 millones.

Por último, hay que tener en cuenta que la aprobación de este impuesto traerá de la mano el fin de la tasa Google, un impuesto que se aplica en algunos países, entre ellos España, a las tecnológicas.