Las normas y regulaciones que están aplicando las diferentes administraciones públicas en España para solucionar el conflicto entre taxi y VTC "contradicen el fondo y la forma de la legislación comunitaria aplicable en España", según el Informe Taxi/VTC y el derecho europeo del Instituto de Coordenadas.

El documento apunta que estas normativas "no encajan" en el conjunto de leyes que trasponen al ordenamiento jurídico español las diferentes directivas y normas de carácter comunitario y que son de obligado cumplimiento por parte de los países de la Unión Europea (UE). Resalta, a su vez, el "grave desfase" que representa en las soluciones de movilidad urbana el impacto de las nuevas normas entre taxi y VTC, puesto que se sitúa "a espaldas" del emprendimiento empresarial y de la innovación tecnológica, en un país en el que los servicios y el turismo integran "una buena parte" de la actividad económica.

Además, destaca que se genera el riesgo de que España quede fuera de la legislación comunitaria, con el conflicto que ello representa por el enfrentamiento con las autoridades de Bruselas, lo que podría tener "consecuencias imprevisibles" en un momento en el que la industria automovilística está apostando ya por modelos de 'car sharing' para la movilidad. "Los sistemas de movilidad urbana y las infraestructuras de transporte son la primera visión que reciben los visitantes de un país. Los acontecimientos y disturbios que se han vivido nos retrotraen a los inicios del siglo XIX con los ludistas. Una regresión que perjudica a todos, incluidos quienes promueven las acciones violentas", asegura el texto.

"Las restricciones que se están aplicando a las empresas con licencias VTC para prestar servicios de transporte urbano, algunas disparatadas, dejan sin efecto el sentido de la norma comunitaria sobre liberalización en la prestación de servicios, que precisamente intenta eliminar la burocracia y trabas administrativas e impulsa la competencia para mejorar servicios y generar empleo", añade el documento.

El Instituto Coordenadas indica que las barreras que se están poniendo en España en la relación entre taxi y VTC "dejan sin sentido" la legislación europea, al tiempo que destaca que abren opciones para poner en marcha recursos legales, "lo que puede desembocar en un caos jurídico de enormes proporciones, generador finalmente de costes".

"Desde 1986 España y muchos sectores de actividad han tenido que asumir dolorosas transiciones a las reglas de mercado, a la transparencia y a la competencia: las gasolineras, los monopolios, sector eléctrico, la telefonía, la comunicación...", apunta el informe.

En esta línea, defiende que existen soluciones y propuestas equilibradas y razonables, sin escatimar ayudas y mecanismos de compensación material y temporal, aunque indica que no existe la capacidad de restringir el futuro en las economías abiertas. "Se podrá retrasar, encarecer o dificultar, pero no sería realista pensar que se puede eliminar", añade.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmó que anular de facto el derecho comunitario en España mediante normas que impiden su aplicación práctica "es una insensatez" que no genera más que inseguridad jurídica y desconfianza institucional" hacia España.