La redacción acordada en el Pacto de Toledo para cerrar la recomendación dedicada al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones establece que la subida anual de las pensiones se haga "en base al IPC real. La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones", reza el documento consensuado por PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís y que deberá ser aprobado una vez se vote la revisión de las recomendaciones que, en estos momentos, negocia la comisión. No es un acuerdo que aporte mucho más de lo que se ha hecho hasta la fecha pues no deja de ser volver a la casilla de 2011. Lo que sí parece dejar en el olvido es la revalorización de Rajoy que tenía en cuenta la productividad y la evolución de la economía.
Asimismo, el texto establece que "la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino --cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal--, a aumentar dicho poder adquisitivo". En este sentido, no menciona ninguno de los elementos adicionales que estudiaba el Pacto, tales como la evolución de la economía, los salarios ni la productividad, a tener en cuenta además de la evolución de los precios. Además, el redactado únicamente menciona subidas de pensiones diferenciadas para "aumentar" el poder adquisitivo.
Estas mejoras por encima de IPC serían sufragadas "con cargo a otros recursos financieros, con pleno respeto a los distintos modelos de financiación existentes en el Estado", ya que el Pacto de Toledo establece que la Seguridad Social únicamente cubra la revalorización para mantener el poder adquisitivo.
"La comisión considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", subraya. La nueva recomendación comienza señalando que la comisión "como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones".
Como en 2011
Tal y como han reconocido varios grupos, la recomendación se asemeja a la que, a falta de aprobar la revisión en la que trabajan los grupos, se encuentra actualmente en vigor. Esto se debe a que, al constatar la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en base a las distintas propuestas presentadas, la comisión decidió remitirse al último consenso alcanzado, el logrado en 2011.
El nuevo redactado alude a dicho consenso, considerando "esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación 'Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones', aprobada en 2011".
En este sentido, la comisión también hace una crítica al actual sistema de revalorización --si bien se encuentra anulado para este año y el siguiente tras el acuerdo de Presupuestos de PP y PNV--, ya que establece que "el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social".
Este índice, aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, no contó con el Pacto de Toledo, por lo que en su revisión de la recomendación la comisión ha incluido un párrafo dedicado al papel que deberá jugar la propia comisión cuando el Gobierno interprete las recomendaciones. "La comisión considera que el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno de esta comisión", sostiene este párrafo, que de facto insta al Gobierno a pasar por el Pacto de Toledo para cambiar el sistema de revalorización.
A partir de ahora, este acuerdo deberá confirmarse en una próxima reunión de mesa y portavoces de la comisión y someterse a votación una vez se alcance un acuerdo para revisar el resto de recomendaciones. ERC, única formación no presente en el acuerdo, ha presentado una propuesta alternativa, aunque está a la espera de decidir junto con la dirección del partido si se suma a este redactado.
La realidad de las pensiones
El gasto en pensiones ha subido cuatro veces más que el número de pensionistas en los últimos once años. Según el gasto contemplado en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el gasto en pensiones será un 47,7% superior al consignado para este capítulo en las cuentas públicas de 2008. El incremento de la pensión media ha supuesto más para el desembolso en pensiones que el incremento en el número de pensionistas.
Así, en once años, el importe destinado a pensiones ha crecido en casi 47.000 millones de euros, desde los 98.011,7 millones de euros presupuestados en 2008 a los 144.834 millones de euros del presupuesto de 2018. En el mismo periodo de tiempo, el número de pensionistas se ha incrementado en un 13%, desde los 7.700.749 de 2008 hasta los 8.708.127 de marzo de este año, según datos de la Seguridad Social. Para hacer una comparación absolutamente perfecta habría que esperar al dato de pensiones a finales de 2018.
El número de pensiones se ha incrementado en un 13,2%, desde las 8.464.342 de 2008 hasta las 9.583.617 de este año, lo que quiere decir que en España hay 1,11 pensiones por cada pensionista. Con estos datos encima de la mesa no es de extrañar que el secretario de Estado diga que las cuentas de la Seguridad no corren peligro en diez años, o lo que es lo mismo: urge reformar el sistema porque en diez años no tendrá tan fácil arreglo.