En el reportaje que les ofrecimos hace unos días sobre la censura durante la pandemia hablamos de las limitaciones que principalmente la administración autonómica y en menor medida el gobierno central imponían a los periodistas para que pudiesen mostrar la realidad de una pandemia. Ahora el reportaje que está encima de estas líneas es el de los trabajadores anónimos que denunciaron carencias en el funcionamiento de la administración pública y que han sido sancionados.

En algunos casos, al otro lado del ruido de los aplausos que el público enviaba a los trabajadores públicos se encontraba el silencio por respuesta cuando reclamaban medidas de protección. Es el caso de los conductores de ambulancias no urgentes de la Comunidad de Madrid. Son los que se encargan del traslado de pacientes a consultas, diálisis, etc. Además se quejaban de la situación en la que se les llevaba. Según nos cuentan, iban mezclados enfermos de coronavirus con otros que no lo padecían. Incluso estos llevaban sujetas las bombonas de oxígeno, algo que está terminantemente prohibido ya que deben usar la toma de oxígeno común de la ambulancia. ¿Qué pasaba entonces con las inspecciones? La contestación de la Comunidad de Madrid a la queja de los dos sindicalistas que aparecen en el reportaje fue básicamente que no era el momento de hacerlas durante la pandemia. Precisamente todo lo contrario a lo que pudiera pensarse, ya que así esa vigilancia podría haber evitado que se mezclaran los enfermos.

Las quejas por la falta de protecciones individuales y por la manera en la que se trasladaban a los enfermos fue solucionada de esta forma por el empresario: el despido. Ya lo confiesa Óscar, un sindicalista despedido: “Los sanitarios tenemos mucho miedo a denunciar, ya tenemos miedo los delegados sindicales con lo que nos ha pasado a nosotros pues ustedes imagínense los trabajadores normales”. Ni la empresa de ambulancias ni la administración autonómica han querido salir en este reportaje.

En el reportaje también recogemos más casos. Incluso publicamos la nota que hizo circular el Sistema Andaluz de Salud en la que, con la excusa de la intimidad de los pacientes, hacía creer que los sanitarios que hablasen a los medios sobre “la capacidad asistencial, la relacionada con las necesidades de recursos materiales y con los recursos humanos” podía tener repercusiones penales. Es decir, igualaban, por ejemplo, una queja por la falta de mascarillas con revelar la identidad de pacientes. Una equivalencia que jurídicamente no se sostiene. El sentido de todo ello es abocar cualquier crítica al silencio. Esa ha sido la tónica de la mayoría de administraciones autonómicas durante la pandemia: acallar cualquier intento de crítica. Pero también en la administración central se paga caro mantener los principios profesionales. Que se lo pregunten a José Antonio Nieto, médico y ex jefe de riesgos laborales de la Policía Nacional. Fue el primero que puso en marcha medidas de prevención contra el coronavirus semanas antes del decreto del estado de alarma, el 14 de marzo. Sus roces con el Ministerio de Sanidad, que le acusaba de alarmista, le costaron presumiblemente el puesto. “En la reunión que mantuvimos el 27 de febrero desde sanidad nos decían, básicamente, que como no éramos personal de riesgo no había que adoptar ninguna medida preventiva. nosotros dijimos que había que tomar medidas preventivas como evitar aglomeraciones, usar mascarillas y guantes siempre que se fuese a actuar”, recuerda el facultativo. “Parece que el tiempo nos ha dado la razón porque según he sabido la Policía Nacional ha tenido tres veces menos bajas que la Guardia Civil por coronavirus” , señala. Su recompensa: el cese sin motivo oficial y a falta de tres meses para jubilarse, caer enfermo de coronavirus sin que sus superiores se preocupasen por su estado de salud, el borrado de los discos de su ordenador, etc.

De menos a más, el castigo a la discrepancia durante la pandemia entre los servidores públicos, parece afectar a todos los niveles públicos incluso a los más altos como al Consejo de Estado. Su letrado mayor, José Antonio Garcia-Trevijano, firmó como abogado, no como su puesto en el Consejo, la columna “Alarma o despropósito” a mediados de mayo en el diario ABC. En ella criticaba como se había desaprovechado el asesoramiento de esta institución en un momento fundamental como había sido éste y también las lagunas jurídicas del plan de desescalada que ni siquiera había sido publicado en el BOE, lo que sin duda traería mayor litigiosidad. Pero, paradójicamente, esa queja pidiendo mayor trabajo y protagonismo para el Consejo de Estado le ha supuesto el inicio de un expediente sancionador no del gobierno, que no puede sancionarle, sino del propio Consejo. El caso es que el efecto conseguido ha sido el contrario al que se buscaba, pues la columna firmada como abogado, lo podía también haber hecho como profesor de Derecho Administrativo, ha adquirido nuevamente mayor relevancia al intentar acallar al que la escribió. Por su parte el Consejo de Estado ha preferido no hablar para este reportaje.

Viendo las limitaciones de periodistas y las sanciones que les hemos descrito aquí parece que la pandemia no sólo es mala para la salud sino también para la libertad de expresión.

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