El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase 1 de la desescalada.

De ello, según han informado desde el Ejecutivo autonómico, ha dado cuenta este miércoles por la tarde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario. Desde la Comunidad consideran que la resolución adoptada "no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio".

La presidenta madrileña ya avanzó este fin de semana que el Ejecutivo no descartaba actuaciones legales si no se hacían públicos los criterios y las personas que tomaban las decisiones, tras el segundo rechazo la semana pasada.

En relación con la primera solicitud de cambio a la fase 1, la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo a la petición de progresión, lo que podría suponer "un defecto grave".

En cuanto a la segunda solicitud, desde el Ejecutivo han hecho hincapié en que el informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad es "posterior a la comunicación de la decisión" a la Comunidad y, además, "las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad".

Por otro lado, el Gobierno regional tiene "dudas razonables" acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad, "lo que le hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad".

De hecho, considera que cumple, desde que lo solicitó por primera vez, "todos los requisitos técnicos que exige el Ministerio para poder acceder a la fase 1 de la desescalada". De acuerdo con los datos que maneja la Comunidad de Madrid, los indicadores de salud, la capacidad de detección y seguimiento de nuevos contagios, así como la capacidad estratégica del sistema sanitario madrileño para hacer frente a un eventual rebrote del coronavirus, permitirían ya el cambio de fase.

Así, el Ejecutivo madrileño entiende que la forma en la que se han tomado las decisiones desde el Ministerio de Sanidad que niegan a la Comunidad de Madrid el cambio de fase "podrían vulnerar varios principios y normas esenciales" del ordenamiento jurídico, lo que justifica la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte de la Comunidad de Madrid.

Precisamente este jueves está prevista la reunión bilateral entre la Comunidad y el Ministerio de Sanidad para analizar la tercera petición de Madrid para ascender a la primera fase de la estrategia de desescalada.

La semana pasada el Ministerio remitió un informe rubricado por su Dirección de Salud Pública en el que se recogía varios aspectos por el que Madrid debía seguir en la fase cero.

Concretamente, aludía a que su capacidad de realización de pruebas PCR estaba "al límite", aprecia que la Comunidad no aportaba "aspectos claves" sobre los tiempos de disponibilidad de la información recopilada en su sistema de vigilancia ante el Covid-19, que debía además consolidar en Atención Primaria, y entendía que no aporta detalles de refuerzo del personal necesario.

Respecto a las salvedades de las pruebas PCR, la Consejería de Sanidad replica que la tasa media de Madrid por cada 10.000 habitantes es de 60,37 puntos, casi 20 más que la media nacional (40.75).

Además, recalcaba que Madrid concentra el 21,03 por ciento del total de estas pruebas diagnósticas realizadas en el conjunto del país (dos millones) cuando su población es del 14,7 por ciento.

En esta línea, la nueva directora de Salud Pública, Elena Andradas también confrontó las afirmaciones del Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid ha utilizado una capacidad de 12.729 pruebas PCR y que puede llegar a las 15.520, pudiendo ampliarse incluso por encima de las 20.000.

Respecto al criterio del Gobierno central, al apreciar que un 20 por ciento de las residencias de Madrid "aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial sanitaria desarrollados durante la epidemia", la directora general de Salud Pública de la Comunidad ha refutado que todas cuentan con supervisión de Atención Primaria y la cobertura sanitaria en estos centros es del cien por cien.