El Gobierno detecta un aumento de asesinatos de menores por violencia machista contra sus madres

En lo que va de 2018 hay tres asesinatos de menores en casos de violencia machista contra sus madres confirmado. Uno de ellos en Almería, y los otros dos se produjeron ese martes en Castellón, donde un hombre de 48 años mató a sus dos hijas, de dos y seis años. Además, la muerte de otros dos menores en La Orotava (Tenerife) está siendo investigado.

"Este año hay más menores que el pasado", ha manifestado en declaraciones la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, que ha tachado el dato de "escalofriante". Desde que existen estadísticas sobre menores, en el año 2013, los niños asesinados por violencia de género ascienden a 27, según las cifras del Ministerio de Igualdad.

"Lo que se está produciendo es un fenómeno de sofisticación de la violencia de género contra las mujeres. Esta violencia vicarial en realidad lo que intenta es hacer daño a las madres a través de lo que ellas más quieren: sus hijos", ha apostillado Llop.

Según ha explicado, esta es una nueva forma de comisión de los delitos de violencia machista, sin ser un nuevo tipo de violencia por que, al fin y al cabo, es violencia de género. "Tenemos enorme preocupación por estos datos y por los que se quedan huérfanos", ha declarado.

En este sentido, ha reivindicado la medida adoptada por el Gobierno el pasado 3 de agosto en un Real Decreto-Ley que incluye una modificación en el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad. Esto sucederá cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

De este modo, tras la reforma, los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia machista no necesitarán contar con la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica, algo que sí era necesario hasta el momento.

"Si es niño es intervenido, a lo mejor se puede detectar algún riesgo", ha argumentado Llop, que también ve necesaria una mejora de la formación en la detección de la violencia de género en el personal que atiende a las víctimas, al tiempo que recuerda que hay una proposición de ley para mejorar la formación de los operadores jurídicos.

Asimismo, ha incidido en que ya se ha aprobado un anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia en el que "se transversalizan" medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado hace un año en el Congreso. Concretamente se ha referido a las relativas al régimen de visitas en caso de que haya una orden de protección o medidas cautelares, cuya suspensión ha sido reclamada desde varios sectores sociales.

Por su parte, el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, sostiene que los asesinatos de menores por violencia de género "puede ir en aumento". "El agresor busca dominar y controlar a la víctima y el objetivo principal es el daño, y comprobando que pegándole no lo consigue del todo, pues puede integrar en esa violencia a personas cercanas, familiares, o los hijos e hijas", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Según el experto, este tipo de violencia contra los menores es "violencia extendida" y ya se denominó así en los años 90. "La diferencia fundamental es que ahora matan a los hijos y dejan viva a la mujer", ha señalado, marcando el caso de José Bretón como "la normalización" de esta "conducta criminal".

En cualquier caso, ha avisado de que hay "advertencias" por parte de los maltratadores, que suelen avisar de que quieren hacer a la mujer "el máximo daño". "La violencia es un proceso, ningún agresor debuta matando", ha incidido.

Lorente ha rechazado la "normalización elevada" de este tipo de violencia, recordando que el 44% de la mujeres dicen que no denuncian porque ven normal la violencia que padecen, según una estadística de 2015. "Si una mujer denuncia hay que hacerle mucho caso, no dudar nunca", sostiene. Ante este escenario, ha abogado por incentivar la detección del riesgo, y especialmente incluir nuevos indicadores que evalúen el que sufren los menores.

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