La presidencia española de la UE intentará extender a todo el territorio comunitario el servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género (016), en el marco de las iniciativas en materia de Igualdad ya anunciadas, como la creación de un observatorio único de violencia machista, la implantación de la llamada 'euro-orden' de protección o la generalización de la ampliación de los permisos por maternidad y paternidad.
Así lo han explicado las eurodiputadas del PP y PSOE en la Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo, Teresa Jiménez Becerril e Irache García, respectivamente, al término de una reunión celebrada en el Ministerio de Igualdad para analizar las propuestas de España en esta materia.
"Se trata de generalizar para Europa el 016 de España y que haya una línea de atención para todas las víctimas de violencia de género" del ámbito comunitario, apuntó García, quien añadió que esta iniciativa es una de "las propuestas más concretas de la presidencia española de la Unión Europea".
'Euro-orden' de protección
En la misma línea se enmarca la 'euro-orden' de protección, medida en la que está trabajando directamente el Ministerio español de Justicia y que aspira a garantizar que "sin necesidad de investigarlo ni hacer más comprobaciones" una mujer con una orden de alejamiento respecto de su agresor pueda recibir en cualquier país de la UE la protección necesaria para garantizar que ésta se cumple, independientemente del país donde se haya dictado.
No obstante, la eurodiputada 'popular' puso el acento en la "dificultad de poner de acuerdo" a los 27 países miembros en la implantación de esta medida, ya que se trata de hacer compatibles legislaciones diferentes. "Es una de las prioridades, pero es muy difícil de conseguir", señaló Jiménez, que también forma parte de la Comisión de Justicia y Libertades civiles donde se discutirá esta medida.
Ampliación del permiso de maternidad
En cuanto a los permisos de maternidad, la propuesta de la Comisión de la Mujer consiste en aumentar el tiempo mínimo hasta las 20 semanas, con una prestación económica equivalente al cien por cien del último sueldo de la madre durante las seis primeras semanas, y al 85 por ciento, como mínimo, para el resto de la baja. Los diputados también exigen un permiso por paternidad obligatorio de dos semanas.