Se calcula que en España hay en total alrededor de unas 120.000 viviendas ocupadas. Según el Consejo General del Poder Judicial, los propietarios de esas viviendas tardan en torno a un año y medio en conseguir una sentencia que les permita llevar a cabo del desalojo.
Pero este no es el único problema de las víctimas. Además, se añaden todos los gastos que tienen que afrontar durante todo el proceso de desokupación: gastos de abogado, suministros, reparaciones necesarias al recuperar finalmente la vivienda…
De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, el número de denuncias ha aumentado desde 2015 hasta 2021 más de un 66 por ciento. Todas ellas tienen que pasar por un proceso legal que llega a alargarse de media 18 meses.
Por ello, cada vez son más los que piden una legislación que ayude a los propietarios a recuperar con mayor facilidad sus viviendas. Mientras tanto, algunas víctimas acuden a los desokupas, empresas especializadas en vaciar domicilios okupados.