Según ha informado la Dirección General de la Policía, catorce meses de pesquisas, con la colaboración del FBI y de las autoridades canadienses, han permitido localizar y arrestar a tres personas en Madrid y una en Tarragona, como presuntas responsables de un delito continuado de daños informáticos.

La modalidad delictiva empleada se conoce como DDoS (denegación de servicio distribuida), un ataque informático consiste básicamente en que multitud de ordenadores se comuniquen con un sistema informático de manera simultánea -por ejemplo, que visiten una página web o una red y soliciten determinados datos- hasta conseguir su saturación y, como consecuencia, deje de estar accesible.

Según la Policía, en este caso, la amplia infraestructura cibernética utilizada por los detenidos para la materialización de los ataques se encontraba repartida por todo el mundo, lo que dificultó cualquier intento de mitigación para detener o al menos paliar los efectos de los mismos y dificultó la investigación policial para tratar de determinar el origen real de los ataques.

Durante las investigaciones, los agentes descubrieron que un empresario español podría ser el principal responsable de los ataques. Para lograr tumbar la página web objetivo, esta persona habría realizado pagos periódicos a tres individuos, uno de ellos de su máxima confianza, con altos conocimientos informáticos y capacidad de acceso a complejas redes cibernéticas. Estos informáticos habrían tenido a su disposición una botnet, o red de ordenadores comprometidos a nivel mundial, ejecutando peticiones masivas que saturaron el servidor de la página web objetivo, dejándolo sin servicio y causando unos daños valorados en torno a los 425.000 euros.

Según recoge 'El Confidencial', el FBI ha detenido al exconsejero delegado de Intereconomía Luis Sans y a tres expertos que éste contrató para realizar un ciberataque a la web de PR Noticias. El motivo podría ser que dicha web criticaba a Intereconomía.

Finalmente, la Policía ha registrado un domicilio en Madrid en el que se han incautado de cinco discos duros, tres teléfonos móviles, tres tabletas, tres ordenadores portátiles y dos pen-drives USB. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tarragona, del FBI estadounidense y de las autoridades canadienses.