El Congreso pide una reforma para ser familia numerosa hasta los 21 años del último hijo

Se trata de una proposición no de ley que el PP ha pactado con CiU y que ha contado con el respaldo de los portavoces del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y previsiblemente UPyD.

En ella, instan al Gobierno a estudiar la posibilidad de realizar los cambios normativos necesarios para hacer extensible la condición de familia numerosa hasta que el menor de los hijos alcance el límite de edad establecido en el artículo 3 de la Ley de 2003 de Protección a las Familias Numerosas, es decir, 21 años o bien 25 si está estudiando.

La familia es el pilar "basico"

Según argumenta el PP, la familia es el "pilar básico" de la sociedad, constituye un "verdadero núcleo" de solidaridad y de apoyo "básico" frente a las "difíciles" circunstancias que se están viviendo y, por ello, debe contar con la protección y el apoyo de los poderes públicos.

En el caso particular de las familias numerosas, explica que las condiciones que deben reunir sus miembros, están recogidos en la mencionada ley, así como en el artículo 1 de su Reglamento, que establece las condiciones para que se reconozca y mantenga la condición de familia numerosa, basándose en criterios de edad, convivencia y dependencia física, intelectual o económica.

De este modo, indica que la consideración legal de familia numerosa se produce cuando los hijos o hermanos son solteros y menores de 21 años de edad, o son personas con discapacidad o están incapacitados para trabajar, en estos dos últimos casos con independencia de cuál sea su edad.

Igualmente, han alabado la importancia de la familia de cara a la baja natalidad. "La mejor inversión que puede hacer el Estado es apoyar a la familia en estos tiempos de crisis y así lo refleja la Constitución", ha remarcado. A estos aspectos Puente cree que habría que sumar las tasas del 50% de paro juvenil y la emancipación tardía de los hijos dada la coyuntura.

La realidad ha cambiado

En este contexto, justifica el cambio en que el límite de edad que marca la ley como requisito para considerar que existe cierta dependencia económica de los hijos respecto a los padres, no se corresponde con la realidad que actualmente viven los hogares españoles.

De hecho, apunta al estudio 'Jóvenes y Emancipación en España', presentado en octubre de 2012 y realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en 2010 tan solo el 46,8% de los jóvenes españoles de 25 a 29 años estaba emancipado.

"En los últimos años hemos asistido a un considerable retraso de la edad en la que los jóvenes abandonan el hogar familiar. Algunas de las causas del retraso en la edad de emancipación se derivan del actual contexto socioeconómico, la elevada tasa de desempleo juvenil, y las dificultades de acceso a la vivienda, han provocado un progresivo retraso en la edad de emancipación de los jóvenes del hogar familiar", lamenta el PP.

La ley estipula que cuando el mayor de los hijos cumple 21 años (o 25 años en caso de que esté estudiando), las familias dejan de cumplir los requisitos para que se les reconozca y mantenga la condición de familia numerosa, por variación del número de miembros en la familia.

Dicha situación provoca que la familia numerosa siga siéndolo de hecho, pero no de derecho y, en consecuencia, se deje sin efecto de aplicación cualquiera de los beneficios inherentes a dicha condición, señalan los 'populares'.

Prejuicio social y económico

A su juicio, esta pérdida del reconocimiento legal de familia numerosa provoca, en su caso, un perjuicio social y económico a los hijos menores que no pueden seguir optando a los beneficios que obtuvieron sus hermanos mayores y, por consiguiente, no les son de aplicación los derechos o beneficios en la preferencia de acceso a la obtención de becas, descuentos en transporte.

Además, esta pérdida de la condición legal de familia numerosa cree que repercute también negativamente en la familia, al no poderse beneficiar de los derechos que les serían reconocidos por ostentar tal condición.

En una situación de crisis con más de un 50% de paro juvenil y la permanencia en el hogar de los jóvenes españoles el PP ve necesario modificar la normativa para que el reconocimiento legal de familia numerosa se mantenga hasta que el último de los hijos cumpla con el requisito de edad establecido actualmente por la legislación vigente, de 21 años, o 25 años incluidos en el caso de que esté cursando estudios adecuados a su edad para la obtención de un puesto de trabajo.

"De esta forma, se podrán beneficiar en equidad de trato e igualdad de condiciones todos los integrantes de la unidad familiar formada por una familia numerosa", sentencia.

Faltan medidas para las familias

Desde CiU, Carles Campuzano, comparte la iniciativa aunque se ha preguntado cómo el Gobierno no aborda algunas "medidas imprescindibles" para las familias, como a su juicio lo son las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social. "España es uno de los pocos grandes estados de la UE que no articula su política de apoyo a las familias por una prestación por hijo a cargo de forma suficiente", ha lamentado.

Por otro lado, ha criticado que en esta iniciativa el PP se limite a proponer al Gobierno que estudie el cambio legal cuando es el Ejecutivo el que debe mandatar las normas y ponerlas en marcha.

Por su parte, Soledad Pérez Domínguez, del PSOE, cree que esta iniciativa es una "oportunidad perdida" aunque comparte el fondo de la misma.

En su opinión, y dada la situación actual, cree que habría que ampliar el concepto de familia numerosa a los progenitores con custodia compartida, a las familias monoparentales con dos hijos, a las familias con un cónyuge discapacitado con dos hijos a cargo, o con las nuevas familias conformadas por los nietos que viven y dependen de sus abuelos, así como las parejas de hecho, ya que al no producirse el matrimonio no tienen derecho a estas prestaciones.

Mientras, Gaspar Llamazares va a apoyar la iniciativa aunque considera que ésta podría ser "más ambiciosa". Según ha recalcado, en España la demografía está correlacionada con el nivel de empleo y con las políticas sociales. "Mientras no se modifique el acceso al empleo y se realicen políticas sociales que permitan conciliar este tipo de medidas serán parciales", ha apuntado.