En las primeras horas de su funcionamiento, las organizaciones pro-transparencia Acces Info Europe y la Fundación Civio se han quejado de que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga trabas en el acceso a la información al exigir identificarse mediante un DNI electrónico o una clave personal a aquellos ciudadanos que formulen preguntas.

A su entender, este sistema ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA el pasado mes de enero y supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información. De hecho, destacan que el propio Consejo General del Poder Judicial recuerda que el acceso a la información "es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso".

La coordinadora de Access Info Europe, Victoria Anderica, considera que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que se aprobó en diciembre de 2013 "nace con una serie de carencias" y tiene un "alcance insuficiente". "La persistencia del doble silencio administrativo negativo y la exclusión de información considerada auxiliar (informes "internos", comunicaciones internas o entre organismos, resúmenes y opiniones) son dos ejemplos", ha señalado.

Pese a ello, Anderica ha reconocido que la Administración General del Estado tiene ahora la obligación de proporcionar "más información que antes". Por eso, ha animado a la gente "a pedir información, datos y a hacer preguntas". "Solo así sabremos si las instituciones respetan el derecho de acceso y se vuelven más transparentes", ha manifestado en un comunicado conjunto enviado por estas organizaciones pro-transparencia.

Por su parte, el responsable de Comunicación de la Fundación Civio, Javier Vega, se ha quejado de que el Gobierno no haya invitado a la sociedad civil a una reunión informativa sobre el portal de la transparencia, como sí hizo con la prensa. "Sigue habiendo muchas dudas sobre su contenido y su alcance ya que el reglamento, imprescindible para aclarar ciertos puntos, no está listo y llegará con muchísimo retraso", ha afirmado.

UN AÑO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Este portal ha entrado en vigor un año después de la publicación en el BOE de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y recoge información relativa a la Administración General del Estado en sentido estricto y sus organismos dependientes. Las comunidades autónomas y ayuntamientos disponen de un año adicional para aplicar la ley, ya que tienen que adaptar su web y modificar la normativa en algunos casos.

El Gobierno quiere dar a conocer esta herramienta de consulta de información y con ese objetivo hará una campaña publicitaria a principios de 2015, una vez que pasen las fiestas navideñas. Un total de nueve ofertas se han recibido para esa campaña que, finalmente costará 36.000 euros. De hecho, ese contrato podrá consultarse este miércoles en el portal.

En concreto, el portal de la transparencia dispone de 530.000 registros accesibles de información y más de 30.000 informaciones individuales relativas a currículums, convenios o subvenciones que se han incorporado en estos últimos días. Al entrar en la web, aparte del buscador de información, se podrán visualizar tres iconos: uno relativo a información institucional, otro sobre información normativa y un tercero sobre información económica. También habrá enlaces a las webs de de La Moncloa, el INE y otras páginas oficiales.

SE COLGARÁN LOS ANTEPROYECTOS DE LEY E INFORMES DE ORGANISMOS

En el apartado relativo a la información institucional, se puede consultar la información sobre estructura de los ministerios, CV de altos cargos y objetivos de los diferentes ministerios. En el segundo ítem relativo a la normativa, se podrá ver tanto las leyes en vigor como los anteproyectos que están en fase de elaboración, incluyendo informes de órganos como el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado una vez que el texto ha dejado de ser anteproyecto.

En el tercer apartado, el de información de carácter económico, están disponibles datos sobre contratación, convenios, subvenciones, subvenciones a partidos políticos, información presupuestaria, cuentas anuales e informes de auditoría, inventario de bienes inmuebles de la Administración General del Estado, información estadística, resoluciones de autorización y reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos, retribuciones de altos cargos, o autorizaciones concedidas para ejercer la actividad privada tras el cese.

Cualquier ciudadano puede solicitar información a través del portal, que deberá recibir en un plazo máximo de 30 días, aunque la propia Ley de Transparencia marca unos limites relativos a la seguridad ciudadana, la defensa nacional o la protección de datos, entre otros.

Además, se puede elegir si se quiere notificación a través del portal de la transparencia o notificación por correo postal. A partir de ese momento se obtendrá un justificante de registro que da fe de que se ha iniciado un procedimiento administrativo. Si en el plazo de un mes no hay respuesta de la Administración o la información proporcionada es insatisfactoria para el ciudadano, se podrá presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia que presidirá Esther Arizmendi.

HA COSTADO 300.000 EUROS

El Gobierno ha optado por la opción más económica a la hora de hacer el portal, que ha tenido un coste de unos 300.000 euros (se presupuestaron 1,4 millones de euros para esta herramienta), ya que se ha contado con los medios de la propia Administración General del Estado para ahorrar costes. Fuentes del Ejecutivo calculan que en el mercado su precio podría llegar a los cuatro millones de euros.