En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montoro ha afirmado que la intención del Ejecutivo es "devolver parte de la paga extra de 2012" al personal de la Administración General del Estado y "habilitar" al resto de administraciones públicas a hacer lo mismo en función de sus posibilidades presupuestarias.

"Las que no lo puedan hacer porque están muy lejanas de la consecución de sus objetivos de déficit o no tengan recursos presupuestarios, no lo harán, pero lo hará la Administración General del Estado", ha insistido el ministro, para quien esta medida demuestra la "voluntad" del Ejecutivo de cumplir con la palabra dada hace dos años, cuando se suprimió el abono de esta paga extra.

Con respecto a la cantidad concreta que se abonará a los empleados públicos, el titular de Hacienda ha reconocido que la idea es que esté "en el entorno de una cuarta parte" del total, aunque se ha remitido a la reunión de la Mesa de la Función Pública que tendrá lugar esta tarde.

"Tenemos que verlo con los sindicatos", ha dicho, reconociendo que de momento "sólo se puede devolver una parte" y avanzando que la previsión es que el pago se produzca "a comienzos de 2015". En cualquier caso, las cuantías definitivas serán presentadas este viernes, junto con el resto del proyecto de Presupuestos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobarán las cuentas del próximo año.

En dicho proyecto de ley, Hacienda también tiene intención de elevar la tasa de reposición de funcionarios --es decir, el número de plazas de la Función Pública que se reponen cuando hay una jubilación o baja de cualquier tipo--, que en los últimos tres ejercicios se ha mantenido congelada en el 0% salvo para algunos colectivos, que apenas han suplido uno de cada diez empleos.

"Hasta ahora hemos tenido una tasa extraordinariamente exigente, pero ahora ya estamos en condiciones de que la plantilla de servicios públicos, que ya está en los rangos de 2003-2004, vea elevada la tasa de reposición en una cuantía más significativa", ha dicho Montoro, sin precisar qué porcentaje se establecerá ya que también este tema será objeto de negociación con los interlocutores sociales.

En cualquier caso, lo previsible es que sea una tasa "cambiante" en función del servicio al que se refiera y que se aplique no sólo a la Administración General del Estado sino también a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Los principales sindicatos de la Función Pública (CSI-F, UGT y CC.OO.) se reunen con representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer cómo les afectarán los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

Las centrales sindicales dan por hecho que los salarios volverán a congelarse en 2015, tal y como ha sucedido en los cuatro años anteriores. Fuentes de Hacienda han indicado a Europa Press que es un escenario que se baraja a la luz de la baja inflación, la recuperación prevista de la paga extra suprimida en 2012 y la rebaja de impuestos, que empezará ya a notarse en las nóminas de enero. En todo caso, las mismas fuentes han recordado que los Presupuestos aún no están cerrados.

Cándido Méndez ha explicado que la congelación salarial le parece "mal" y que, en todo caso, estos cambios "hay que negociarlos", tal y como acordaron con el Ejecutivo los sindicatos UGT y CCOO el pasado mes de julio.

"Los funcionarios públicos han padecido en términos de reducción de sueldo una media del 20% y también la pérdida de empleo en servicios fundamentales como la sanidad y la educación, que ha debilitado la calidad de los servicios públicos fundamentales", ha explicado.

Por ello, ha continuado Méndez, "exigimos con toda la legitimidad y justicia que el Gobierno empiece ya a restañar esta situación". A su juicio, el hecho de que se pretenda reconocer un moscoso más a los empleados públicos "no es un planteamiento válido".

En esta línea, el dirigente sindical ha instado al Gobierno a convocar a los representantes de los trabajadores de la Función Pública: "No se puede seguir con el ordeno y mando, que ha sido la norma en materia de recorte de salarios a los empleados públicos, es necesario de comportamiento".